Se ha escrito y hablado profusamente sobre el conflicto generado con ocasión de la canlización unilateral del río Dajabón iniciada por Haití en la zona norte, específicamente entre Juana Méndez y Manzanillo, de la frontera dominico-haitiana. Sin embargo, la solución debe enmarcarse necesariamente en el Tratado Fronterizo de 1929 y su revisión en 1936.
Se debe precisar que en 1929 se abandonó en perjuicio nuestro, durante el Gobierno de Horacio Vásquez, el Tratado de Aranjuez. En este infortunio que se inició en el referido año de 1929 y se concretó en 1936, se cedió una considerable porción de nuestro territorio al vecino país. A mi juicio fueron dos las causas determinantes: la parcialidad del árbitro (Estados Unidos) y la debilidad del expresidente Vásquez.
Un examen detallado de la evolución histórica de la frontera dominico-haitiana revela que el Tratado de Aranjuez de 1777 era más preciso que los suscritos posteriormente. Más claramente, no se limitaba a establecer límites, sino también derechos sobre las aguas de los ríos fronterizos y, además, las definiciones eran más puntuales.
Basta leer su artículo 4 que disponia, para evitar contestación sobre las aguas, lo siguiente: “el comandante español celará sobre la orilla correspondiente a la parte francesa, y el gobernador francés sobre la orilla de la jurisdicción española y si en este punto se notare la menor contravención, dará queja al comandante de la parte agraviada al de la parte agresora, para que sin la menor dilación o excusa haga destruir la obra que se hubiere levantado y ponga las cosas en su primitivo ser”.
Se observa, pues, la claridad de este texto redactado hace más de dos siglos en el que se disponía una vigilancia recíproca para que “cada cual forme en la orilla de su jurisdicción los diques necesarios para reguardarse de las crecientes o inundaciones, siempre que por este medio no se interrumpa el libre curso de las aguas”.
Aunque este tratado únicamente sirve como referencia histórica, su lógica es incuestionable, a pesar del largo período de tiempo transcurrido. De manera que los antecedentes deben servir de enseñanza y afortunadamente existe un precedente en la zona sur con relación al río Pedernales, donde se construyó en 1978 un dique derivador para distribuir proporcionalmente las aguas a fin de irrigar las tierras en ambos países.
Ahora bien, lo que resulta ofensivo es la pretensión haitiana de desconocer el Tratado suscrito entre ambas naciones en 1929 con el pretexto de que en ese momento el país carecía de soberanía porque estaba militarmente intervenido. Si a ese tipo de argumentos vamos a recurrir, debemos señalar entonces que ambos países han estado intervenidos siempre, puesto que las tropas norteamericanas, aunque se retiraron formalmente en 1924 del suelo patrio y posteriormente de Haití, su presencia ha gravitado permanentemente sobre ambos países hasta el extremo de perjudicar a la República Dominicana en el aspecto fronterizo.
Cuando Trujillo consintió ceder vastas porciones del territorio en 1936, ya las tropas norteamericanas habían evacuado nuestro territorio, pero su influencia seguía siendo determinante. Por tanto, si vamos a utilizar como pretexto la soberanía debemos desconocer los tratados de 1929 y 1936, dado que en ambos intervino el mismo árbitro parcializado.
Oportuno es recordar que el jus solis fue el resultado de la evacuación de las tropas extranjeras en 1924, en el que se acomodó el texto constitucional para otorgarle la nacionalidad a ilegales haitianos y a sus descendientes que los inversionistas norteamericanos habían trasladado a este lado de la isla en condiciones de semiesclavitud para trabajar en sus ingenios azucareros.
Desde entonces los extranjeros ilegales han sido protegidos por el poder foráneo. La solución a este problema migratorio se encuentra definitivamente condicionada a la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos en el escenario internacional o, lo que es igual, dependerá de una transformación de las condiciones geopolíticas a nivel global.
La clave para solucionar el impase del río Dajabón o Masacre debe buscarse en los precedentes, en una correcta aplicación de los principios del Derecho Internacional. Las autoridades haitinas persisten en objetar el tratado de demarcación fronteriza de 1929 con el propósito de beneficiar a unos pocos empresarios agrícolas en el área de Juana Mendez. Se debe recordar que los tratados de 1929 y 1936 le costaron a la República Dominicana miles de kilómetros cuadrados que le fueron cedidos a Haití, argumentando que esos territorios eran ocupados fundamentalmente por nacionales haitianos. La modificación de los límites de Aranjuez fue sumamente perjudicial para nuestro país y beneficioso para los vecinos, pues a final de cuentas ellos ganaron vastas extensiomes de territorio a expensas del suelo patrio.
En consecuencia, desconocer, para aquello que les conviene, un tratado que les generó jugosas ganancias es una falta de respeto. Claro, cabe la posibilidad, si se insiste en estos desafueros, de que nuestras autoridades puedan represarlo y que las aguas del río no lleguen a la zona Juana Méndez. Las autoridades del vecino país deberían meditar con sensatez, en vista de que cualquier imposición unilateral podría generar reacciones legitimas e igualmente proporcionales desde este litoral.
